La cuestión catalana y el artículo 155

Bueno, llevo un tiempo sin escribir en el blog, pero creo que este interesante tema y el próximo reto en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española es un momento interesante para dar una humilde opinión sobre el tema.

En primer lugar me gustaría hablar el interés que han tenido diversos políticos catalanes en buscar su independencia, de cualquier modo, de cualquier forma y bajo cualquier circunstancia o motivos. Ya en el año 2006, con el Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó un Estatuto de autonomía, que, fue recurrido tanto por el Defensor del Pueblo como por el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ni más ni menos, que por ir contra la Constitución y contra la legislación vigente.

El Tribunal Constitucional dió la razón, y, cuatro años más tarde, en 2010, anunció la rectificación, modificación y anulación de varios artículos (14 aproximadamente de unos 200), dado que incluía definiciones y denominaciones que no estaban recogidas en ningún tipo de ley. Aunque ya desde la democracia hasta dicho año existía ese interés por la independencia, no fue apartir de entonces, cuando empezó a usarse como bombo político.

Desde entonces, el ya presidente de la Generalitat, Artur Más, gastó sus esfuerzos para provocar una consulta o referéndum para la independencia de Cataluña, cierto es, solicitando algo que la propia legislación y la Constitución no permitían. En el año 2014 realizó una especie de consulta, en absoluto vinculante y sin ningún tipo de validez, que le ha provocado tener que hacer frente a la malversación de los caudales públicos en un acto ilegal.

Así, al año siguiente, convocó elecciones en 2015, en septiembre, producto de la separación de Convergencia Demócratica y Unió, la conocida como CiU. Así fueron a unas elecciones, uniéndose el centroderecha nacionalista (CDC) y la izquierda catalana (ERC) en Junts pel Sí (JxSi). Allí obtuvieron 62 escaños, por lo que, pese a que el cabeza de lista fuera Raul Romeva, Artur Más se sacrificó, y, dado que tenían que pactar sí o sí con la CUP (Candidatura de Unidad Popular, la extrema izquierda independentista), eligieron a Puigdemont para ir a una nueva investidura y obtener así los apoyos necesarios para su elección. Un hombre para la independencia.

¿Por qué Más ya no gustaba? Porque lo que hizo en 2014, para la CUP, fue un insulto, y esperaban obtener ya en ese año una independencia, es decir, para la CUP, Artur Más, ya no era de fiar. Así fue cómo Puigdemont, hasta entonces alcalde de Gerona, se convirtió en el nuevo President.

¿Objetivo de las elecciones de septiembre de 2015? Preparar un referéndum de independencia. Y empezar todos los trámites para la misma. El resultado, ya todos lo conocemos.

Todas las instituciones internacionales tales como: la Comisión Europea, el Consejo Europeo, gobiernos extranjeros (Francia, Reino Unido, Alemania..), la ONU y otros más, han dicho que una Cataluña independiente estaría excluida de todo tipo de organismos y del mismo modo han mostrado su total respaldo al Gobierno de España en el respeto a la ley, al orden constitucional y como no, en su conjunto, al Estado de Derecho.

Históricamente ya no hay ni un sólo argumento objetivo que respalde que en algún momento de la historia, Cataluña haya sido independiente, un mantra que fueron repitiendo día sí y día también. Podemos entender que, si hubiera sido el caso, la propia ONU cuenta con un registro de naciones históricas, y hubiera ofrecido su apoyo para mediar entre la propia Generalitat y el Gobierno español. No ha sido el caso, porque Cataluña no es una nación histórica.

Durante los años 2015, 2016 y 2017, el Govern de la Generalitat ha estado buscando y preparando un Plan, también con la sociedad civil catalana -independentista, claro, porque ellos gobiernan para los independentistas, no para todos- para conseguir la independencia. El culmen de este Plan se materializó en septiembre de este año, en los Plenos del Parlament que toda España vivió y sufrió, ignorando y saltándose la ley y los derechos de los diputados autonómicos.

Así, se aprobaron en dichos Plenos dos principales leyes y varios decretos, todos suspendidos cautelarmente, tras enviar el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad. Lógico es que, si algo va contra la Constitución vigente (votada por todos los españoles), se suspenda temporalmente, y se valore si realmente va o no contra la misma, -si ha sido suspendido, indicios hay-.

Pese a esto, el Govern, en su desafío constante, mantuvo planificado el 'referéndum' para el 1 de octubre, y de nuevo, con los resultados que ya todos conocimos. Ni un sólo ápice de veracidad en los resultados, y, evidentemente, ningún tipo de consulta celebrada, pues nadie ha validado dichos 'resultados'. No hubo ningún tipo de referéndum. Todos los detalles, son parte de una etapa negra del independentismo catalán, que, bajo mi opinión comenzó en 2010 y finalizará en 2017.

Con todo esto, el Govern ha seguido empeñado en validar esos resultados (ficticios, inventados) para declarar la independencia. Y así ocurrió, aunque de una forma curiosa. El presidente Puigdemont declaró la independencia y, ocho segundos después, suspendió sus efectos. Tras esto, el Gobierno español no dudó -consensuado con los partidos constitucionalistas PSOE y Cs- en empezar con la aplicación del artículo 155. Cuestión que viene ya planificada su desarrollo en el Reglamento del Senado.

Así, envió un requerimiento al Govern, dirigido al Presidente de la Generalitat, para aclarar si hubo o no declaración de independencia, y, para que en caso de que si se hubiera declarado, se suspendiera y se volviera al orden constitucional, suspendiendo del mismo modo todas las leyes anuladas -alguna ya de forma unánime- por el Tribunal Constitucional.

Con los plazos ya transcurridos, es ahora el Gobierno de España el que tiene que enviar al Senado una serie de medidas a tomar para forzar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales a la Generalitat de Cataluña.

El sábado está convocado un Consejo de Ministros extraordinario, en el cual se decidirán las medidas que se enviarán al Senado para su posterior aprobación. Si todo se materializase, sería la primera vez que se aplicaría el 155 en España.

Ahora bien, ¿qué medidas son las que tiene que tomar el Gobierno de España? Un camino abierto, complicado y por supuesto, nada fácil, teniendo en cuenta la situación social en Cataluña.

Bajo mi opinión, hay que trabajar en dos ejes: volver al orden constitucional y apaciguar a la sociedad catalana, que ha sido manipulada y alborotada por el independentismo. Para ello, habría que:

• Cesar al Presidente de la Generalitat y al Govern, puesto que ya no representan a la sociedad catalana, han incumplido la ley, y además, han persistido en ello. Están fuera de la legalidad y de la Constitución.
• Cesar a la Presidenta del Parlament de Cataluña, que ha ignorado la ley de forma constante y ha permitido el atropello a la democracia en el seno de la misma en Cataluña.
• Suspender ciertas funciones del Parlament, entrando en un proceso similar al que se entra en los procesos electorales.
• Nombrar a un nuevo Presidente de la Generalitat, una persona de consenso entre los partidos constitucionalistas, y un nuevo Govern también de consenso, para restaurar el orden constitucional y abandonar la manipulación, la falsedad y la ilegalidad.
• Nombrar a un nuevo Presidente del Parlament de Cataluña, alguien que mantenga el control del mismo, con funciones limitadas, hasta las próximas elecciones autonómicas.
• Y, cesar y sustituir a todos los cargos del Govern que hayan colaborado o hayan sido nombrados para facilitar el 'referéndum', incluida una reforma de los mandos de los Mossos.

No es bueno, ni tampoco es adecuado, que existan instituciones u órganos paralelos, más aún cuando la Constitución ampara cualquier medida para forzar el regreso al orden constitucional. No podemos andarnos con el miedo a lo que pueda ocurrir. Lo que menos afecta a Cataluña es mantener sus estructuras e instituciones y cesar a aquellos que han demostrado ignorar la ley y a la Justicia.